Son varios los problemas ambientales de nuestra ciudad, pero la minería ilegal es uno de sumo cuidado. No solo por el daño irreversible que produce y su impacto en el entorno, sino también por ser un problema poco visible que se esconde en las montañas que rodean a Cali.
Desde hace ya varios años la minería ilegal ha estado funcionado en la parte alta de los Farallones, afectando los causes hídricos que alimentan finalmente al Río Cali, el cual nutre de agua a más de medio millón de caleños. De igual forma, ha sido un catalizador en la destrucción de habitats y deforestación en la zona alta de la montaña y un caldo de cultivo para los violentos y grupos al margen de la ley.
Según cifras de el periódico El País, más de 700 hectáreas de bosque se han visto afectadas por la extracción ilegal de oro y, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Santiago de Cali, la concentración de mercurio en el agua del río es hasta de un 250% superior a lo permitido en algunas zonas. Aunque las autoridades advierten que el agua que se recoge para consumo humano no tiene problemas por contaminación de metales pesados, siguen habiendo índices de pequeñas intoxicaciones que pueden afectar la salud de los que la consumen.
Al ser pocas las demandas y controles para solucionar esta práctica ilegal, el problema ha persistido. De acuerdo a un estudio de Semana Sostenible, a principios de mayo las autoridades capturaron a ocho personas presuntamente realizando actividades mineras ilegales. En medio de la pandemia estos grupos han aprovechado el momento de confinamiento, desobedeciendo los controles sanitarios y las restricciones para entrar a la zona que se encuentra temporalmente suspendida desde inicios de año. Mientras se alarga el problema, el daño ambiental puede ser mucho peor.
Por eso, desde Objetivo Cero nos hemos comprometido a construir una Cali con Cero Contaminación, buscar soluciones desde lo civil y lo político para tomar acciones frente a problemas que nos aquejan a todos los caleños. La minería ilegal es una realidad, que nos afecta y debemos cambiar.
Las malas gestiones, los pocos controles y supervisión y la ausencia de una política integral de respuesta son algunas de las acciones que faltan por hacer. Cali necesita una política publica enfocada en devolverle la vida, la salud y el bienestar a un río que ha padecido los efectos de las prácticas irresponsables. ¡No podemos seguir ahondando en este flagelo!